Antártida

El régimen jurídico de la Antártida

La reclamación de soberanía argentina en nuestro sector antártico se encuentra actualmente resguardada —y congelada— por el art. 4 del Tratado Antártico de 1959. Ese instrumento internacional, tiene el inmenso mérito de haber impedido que se trasladara a la Antártida las tensiones de la guerra fría que caracterizaban las relaciones internacionales de la época.

Con perspectiva histórica podemos decir que es el primer tratado que reúne a las dos superpotencias, y a otros países desarrollados, cuyo objeto y fin se centra en la paz internacional y en la cooperación internacional como pilares del cuerpo normativo y del sistema que se crea al efecto.

El régimen jurídico del sistema antártico se basa en los propósitos y principios que establecen el Tratado Antártico y las Convenciones, recomendaciones y resoluciones adoptadas por las reuniones consultivas previstas en el art. 9 del Tratado. Esas reuniones sustituyen la falta de instituciones para controlar las actividades en la Antártida y velar por el cumplimiento de su tratado.

Recién a partir de 1985, cuando empezó a hacerse sentir la presión de los países ajenos al Tratado Antártico para declarar a la Antártida como patrimonio de la humanidad, los miembros del tratado propusieron la creación de una Secretaría Permanente para su funcionamiento. Los miembros del sistema son los países originarios, o sea los primeros firmantes del Tratado, que son doce, y los demás Estados que adhirieron posteriormente se denominan partes consultivas, no existiendo un límite numérico para su inclusión dependiendo la misma de que los Estados originarios se convenzan de la vocación del aspirante a ingresar por cumplir con los propósitos y principios del tratado. Las decisiones se toman por unanimidad, lo que asegura la continuidad de los principios rectores estructurados en forma interdependientes a los efectos de consolidar el necesario mantenimiento de un status quo de indefiniciones territoriales como presupuesto básico para el normal funcionamiento del sistema.

Sobre los principios del Tratado Antártico cabe destacar su mantenimiento y el efectivo acatamiento que sus disposiciones han producido a nivel internacional, lo que pone en evidencia el reconocimiento generalizado de los contenidos básicos de dicho Tratado por parte de terceros Estados. Además los propósitos y principios del Tratado son plenamente compatibles con los de la Carta de Naciones Unidas.

La cooperación internacional y la libertad de investigación científica son objetivos de cumplimiento interdependiente. La cooperación internacional fundada en la libertad de investigación científica han consolidado una actitud permisiva en ese terreno. Actualmente la única limitación que se impone a la investigación científica es la del impacto negativo que esta produzca en el medio ambiente.

La necesidad de la especial protección del medio ambiente antártico ha impedido la entrada en vigencia de la Convención de Wellington de 1988 sobre la exploración y la explotación de las actividades mineras en la Antártida.

Como señala Guillermo Moncayo, el protocolo al Tratado Antártico sobre protección del Medio Ambiente firmado en Madrid en Octubre de 1991 incrementa tal protección y al de los ecosistemas dependientes asociados, imponiendo restricciones substanciales a la utilización del Territorio Antártico.

Dicho protocolo establece un régimen institucional integrado por las reuniones consultivas y el Comité para la protección del medio ambiente antártico integrado por todas las partes del Protocolo.

El mismo autor destaca la existencia de dos tipos de Estados partes en el Tratado, los que reivindican soberanía (Estados territoriales), que son siete y entre los cuales se encuentra la Argentina, y los que desconocen tales pretensiones. Esta calificación fue institucionalizada en la Convención sobre recursos minerales antárticos. La existencia de estas dos categorías de Estados miembros permiten afirmar, que las reivindicaciones de soberanía efectuadas por los Estados territorialistas por un lado y los alcances asignados a esa situación por los Estados no reclamantes, demuestran que no existe un vacío jurídico y que por lo tanto la Antártida no puede ser considerada res nullus.

Pero debemos analizar objetivamente, la evolución, de las relaciones

internacionales contemporáneas, para determinar en que situación se encuentran actualmente los intereses en juego en torno a la Antártida. Se trata de los intereses de las partes, de los de la comunidad internacional y de los de nuestro país.

En cuanto a los intereses de las partes ya nos hemos referido a los intereses de los Estados originarios que se diferencian de los Estados incorporados posteriormente que son miembros consultivos.

Respecto a los intereses de la comunidad internacional hay distintas tendencias: a) los que aceptan sin cuestionamiento la regulación que establece el Tratado Antártico y b) los que procuran el establecimiento de una nueva regulación de la Antártida como patrimonio común de la humanidad. Este último grupo de países al que pertenecen los No Alineados han constituido un frente preocupante para la continuación del Tratado Antártico.

Los embates por la internacionalización de la Antártida son permanentes y han encontrado eco en las Naciones Unidas donde en 1983 se logró incluir en la agenda de la Asamblea General la cuestión Antártica, por lo que el Secretario General elaboró un informe pormenorizado sobre la situación del continente a dicha fecha.

No sólo los no alineados tienen intereses en la Antártida, también lo tienen los movimientos ecologistas como Green Peace y los que actúan en los partidos políticos europeos.

Finalmente los intereses argentinos en la Antártida están consustanciados con los principios y propósitos del Tratado Antártico. Por una razón de realismo político en la situación actual difícilmente la Argentina podría sostener individualmente sus derechos y pretensiones en la Antártida, más aún cuando desde la Organización de Naciones Unidas y del Movimiento de Países no Alineados se realizan fuertes presiones en pro de la internacionalización de la Antártida. La actitud prudente y coherente de los Estados miembros del Tratado en 1991 al vence el plazo de una posible revisión del Tratado Antártico por haberse cumplido los treinta años de su vigencia, diluyó el peligro y neutralizó las corrientes de internacionalización. Con relación a la preservación del medio ambiente y las posibilidades de exploración y explotación de recursos mineros en la Antártida, la Argentina se ha pronunciado con prudencia sobre el tema, absteniéndose de firmar o ratificar convenciones como la de Wellington de 1988. En cambio sí ha suscripto el Protocolo de Protección Ambiental en la Antártida en Madrid, octubre de 1991.

Un estudio riguroso y crítico realizado por Juan Carlos Puig analizó la cuestión a la luz del derecho internacional y sostuvo que solo los Estados reclamantes de soberanía pueden legalmente determinar la suerte de los recursos naturales en la región. En sentido semejante destacó la importancia de los Estados Reclamantes en el sistema Antártico el Dr. Moncayo.

El funcionamiento del sistema del tratado antártico

Comprende la reglamentación de las inspecciones, los intercambios de información, las medidas de facilitación de la cooperación científica internacional y el régimen de protección del medio ambiente antártico. Todas estas recomendaciones también crearon un sistema de Zonas Antárticas Protegidas, que son las siguientes a) Zonas Especialmente Protegidas, que son áreas de sobresaliente interés científico; b) Zonas de Planificación de Usos Múltiples, destinadas a garantizar que las actividades en la Antártida por sus efectos combinados no resulten en una interferencia negativa.

Según Puceiro Ripoll el sistema antártico actual se caracteriza por su globalidad, su universalidad, su previsibilidad por el establecimiento de un sistema, por la información mutua, por la estructuración de un régimen de coordinación y cooperación y por el desarrollo de un régimen de solución pacífica de controversias.

Texto del Tratado Antártico

Firmado en Washington 1 Diciembre 1959
Entró en vigor el 23 Junio 1961

Los Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del Africa del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América,Reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional;Reconociendo la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento científico como resultado de la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida;Convencidos de que el establecimiento de una base sólida para la continuación y el desarrollo de dicha cooperación, fundada en la libertad de investigación científica en la Antártida, como fuera aplicada durante el Año Geofísico Internacional, concuerda con los intereses de la ciencia y el progreso de toda la humanidad;Convencidos, también, de que un Tratado que asegure el uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos y la continuación de la armonía internacional en la Antártida promoverá los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,

Han acordado lo siguiente:
Artículo I
1. La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohibe, entre otras, toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas.

2. El presente Tratado no impedirá el empleo de personal o equipo militares para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico.Artículo II
La libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación hacia ese fin, como fueran aplicadas durante el Año Geofísico Internacional, continuarán, sujetas a las disposiciones del presente Tratado.Artículo III
1. Con el fin de promover la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida, prevista en el Artículo II del presente Tratado, las Partes Contratantes acuerdan proceder, en la medida más amplia posible:

a) al intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos en la Antártida, a fin de permitir el máximo de economía y eficiencia en las operaciones;
b) al intercambio de personal científico entre las expediciones y estaciones en la Antártida;
c) al intercambio de observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán disponibles libremente.

2. Al aplicarse este Artículo se dará el mayor estímulo al establecimiento de relaciones cooperativas de trabajo con aquellos Organismos Especializados de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales que tengan interés científico o técnico en la Antártida.Artículo IV

1 Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará:

a) como una renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, que hubiere hecho valer precedentemente;
b) como una renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes Contratantes, a cualquier fundamento de reclamación de soberanía territorial en la Antártida que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la Antártida, o por cualquier otro motivo;
c) como perjudicial a la posición de cualquiera de las Partes Contratantes, en lo concerniente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial de cualquier otro Estado en la Antártida.

2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia.Artículo V

1. Toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos radiactivos en dicha región quedan prohibidas.

2. En caso de que se concluyan acuerdos internacionales relativos al uso de la energía nuclear, comprendidas las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos, en los que sean Partes todas las Partes Contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX, las normas establecidas en tales acuerdos se aplicarán en la Antártida.Artículo VI

Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a la región situada al sur de los 60º de latitud Sur, incluídas todas las barreras de hielo; pero nada en el presente Tratado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región.Artículo VII

1. Con el fin de promover los objetivos y asegurar la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, cada una de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones a que se refiere el Artículo IX de este Tratado, tendrá derecho a designar observadores para llevar a cabo las inspecciones previstas en el presente Artículo. Los observadores serán nacionales de la Parte Contratante que los designe. Sus nombres se comunicarán a cada una de las Partes Contratantes que tienen derecho a designar observadores, y se les dará igual aviso cuando cesen en sus funciones.

2. Todos los observadores designados de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo gozarán de entera libertad de acceso, en cualquier momento, a cada una y a todas las regiones de la Antártida.

3. Todas las regiones de la Antártida, y todas las estaciones, instalaciones y equipos que allí se encuentren, así como todos los navíos y aeronaves, en los puntos de embarque y desembarque de personal o de carga en la Antártida, estarán abiertos en todo momento a la inspección por parte de cualquier observador designado de conformidad con el párrafo 1 de este Artículo.

4. La observación aérea podrá efectuarse, en cualquier momento, sobre cada una y todas las regiones de la Antártida por cualquiera de las Partes Contratantes que estén facultadas a designar observadores.

5. Cada una de las Partes Contratantes, al entrar en vigencia respecto de ella el presente Tratado, informará a las otras Partes Contratantes y, en lo sucesivo, les informará por adelantado sobre:

a) toda expedición a la Antártida y dentro de la Antártida en la que participen sus navíos o nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártida que se organicen o partan de su territorio;
b) todas las estaciones en la Antártida ocupadas por sus nacionales, y
c) todo personal o equipo militares que se proyecte introducir en la Antártida, con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 del Artículo I del presente Tratado.

Artículo VIII

1. Con el fin de facilitarles el ejercicio de las funciones que les otorga el presente Tratado y sin perjuicio de las respectivas posiciones de las Partes Contratantes, en lo que concierne a la jurisdicción sobre todas las demás personas en la Antártida, los observadores designados de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo VII y el personal científico intercambiado de acuerdo con el subpárrafo 1 (b) del Artículo III del Tratado, así como los miembros del personal acompañante de dichas personas, estarán sometidos sólo a la jurisdicción de la Parte Contratante de la cual sean nacionales, en lo referente a las acciones u omisiones que tengan lugar mientras se encuentren en la Antártida con el fin de ejercer sus funciones.

2. Sin prejuicio de las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, y en espera de la adopción de medidas expresadas en el subpárrafo 1 (e) del Artículo IX, las Partes Contratantes, implicadas en cualquier controversia con respecto al ejercicio de la jurisdicción en la Antártida, se consultarán inmediatamente con el ánimo de alcanzar una solución mutuamente aceptable.Artículo IX

1. Los representantes de las Partes Contratantes, nombradas en el preámbulo del presente Tratado, se reunirán en la ciudad de Canberra dentro de los dos meses después de la entrada en vigencia del presente Tratado y, en adelante, a intervalos y en lugares apropiados, con el fin de intercambiar informaciones, consultarse mutuamente sobre asuntos de interés común relacionados con la Antártida, y formular, considerar y recomendar a sus Gobiernos medidas para promover los principios y objetivos del presente Tratado, inclusive medidas relacionadas con:

a) uso de la Antártida para fines exclusivamente pacíficos;
b) facilidades para la investigación científica en la Antártida;
c) facilidades para la cooperación científica internacional en la Antártida;
d) facilidades para el ejercicio de los derechos de inspección previstos en el Artículo VII del presente Tratado;
e) cuestiones relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida;
f) protección y conservación de los recursos vivos de la Antártida.

2. Cada una de las Partes Contratantes que haya llegado a ser Parte del presente Tratado por adhesión, conforme al Artículo XIII, tendrá derecho a nombrar representantes que participarán en las reuniones mencionadas en el párrafo 1 del presente Artículo, mientras dicha Parte Contratante demuestre su interés en la Antártida mediante la realización en ella de investigaciones científicas importantes, como el establecimiento de una estación científica o el envío de una expedición científica.

3. Los informes de los observadores mencionados en el Artículo VII del presente Tratado serán transmitidos a los representantes de las Partes Contratantes que participen en las reuniones a que se refiere el párrafo 1 del presente Artículo.

4. Las medidas contempladas en el párrafo I de este Artículo entrarán en vigencia cuando las aprueben todas las Partes Contratantes, cuyos representantes estuvieron facultados a participar en las reuniones que se celebraron para considerar esas medidas.

5. Cualquiera o todos los derechos establecidos en el presente Tratado podrán ser ejercidos desde la fecha de su entrada en vigencia, ya sea que las medidas para facilitar el ejercicio de tales derechos hayan sido o no propuestas, consideradas o aprobadas conforme a las disposiciones de este Artículo.Artículo X

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a hacer los esfuerzos apropiados, compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de que nadie lleve a cabo en la Antártida ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del presente Tratado.Artículo XI

1. En caso de surgir una controversia entre dos o más de las Partes Contratantes, concerniente a la interpretación o a la aplicación del presente Tratado, dichas Partes Contratantes se consultarán entre sí con el propósito de resolver la controversia por negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, decisión judicial u otros medios pacíficos, a su elección.

2. Toda controversia de esa naturaleza, no resuelta por tales medios, será referida a la Corte Internacional de Justicia, con el consentimiento, en cada caso, de todas las partes en controversia, para su resolución; pero la falta de acuerdo para referirla a la Corte Internacional de Justicia no dispensará a las partes en controversia de la responsabilidad de seguir buscando una solución por cualquiera de los diversos medios pacíficos contemplados en el párrafo 1 de este Artículo.Artículo XII


1.

a) El presente Tratado podrá ser modificado o enmendado, en cualquier momento, con el consentimiento unánime de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX. Tal modificación o tal enmienda entrará en vigencia cuando el Gobierno depositario haya sido notificado por la totalidad de dichas Partes Contratantes de que las han ratificado.

b) Subsiguientemente, tal modificación o tal enmienda entrará en vigencia, para cualquier otra Parte Contratante, cuando el Gobierno depositario haya recibido aviso de su ratificación. Si no se recibe aviso de ratificación de dicha Parte Contratante dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la modificación o enmienda, en conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo 1 (a) de este Artículo, se la considerará como habiendo dejado de ser Parte del presente Tratado en la fecha de vencimiento de tal plazo.

2.

a) Si después de expirados treinta años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente Tratado, cualquiera de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX, así lo solicita, mediante una comunicación dirigida al Gobierno depositario, se celebrará en el menor plazo posible, una Conferencia de todas las Partes Contratantes para revisar el funcionamiento del presente Tratado.

b) Toda modificación o toda enmienda al presente Tratado, aprobada en tal Conferencia por la mayoría de las Partes Contratantes en ella representadas, incluyendo la mayoría de aquéllas cuyos representantes están facultados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX, se comunicará a todas las Partes Contratantes por el Gobierno depositario, inmediatamente después de finalizar la Conferencia, y entrará en vigencia de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente Artículo.

c) Si tal modificación o tal enmienda no hubiere entrado en vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo 1 (a) de este Artículo, dentro de un período de dos años, contados desde la fecha de su comunicación a todas las Partes Contratantes, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en cualquier momento, después de la expiración de dicho plazo, informar al Gobierno depositario que ha dejado de ser parte del presente Tratado, y dicho retiro tendrá efecto dos años después que el Gobierno depositario haya recibido esta notificación.

Artículo XIII

1. El presente Tratado estará sujeto a la ratificación por parte de los Estados signatarios. Quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que sea miembro de las Naciones Unidas, o de cualquier otro Estado que pueda ser invitado a adherirse al Tratado con el consentimiento de todas las Partes Contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX del Tratado.

2. La ratificación del presente Tratado o la adhesión al mismo será efectuada por cada Estado de acuerdo con sus procedimientos constitucionales.

3. Los instrumentos de ratificación y los de adhesión serán depositados ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, que será el Gobierno depositario.

4. El Gobierno depositario informará a todos los Estados signatarios y adherentes sobre la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión y sobre la fecha de entrada en vigencia del Tratado y de cualquier modificación o enmienda al mismo.

5. Una vez depositados los instrumentos de ratificación por todos los Estados signatarios, el presente Tratado entrará en vigencia para dichos Estados y para los Estados que hayan depositado sus instrumentos de adhesión. En lo sucesivo, el Tratado entrará en vigencia para cualquier Estado adherente una vez que deposite su instrumento de adhesión.

6. El presente Tratado será registrado por el Gobierno depositario conforme al Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.Artículo XIV

El presente Tratado, hecho en los idiomas inglés, francés, ruso y español, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, será depositado en los Archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, el que enviará copias debidamente certificadas del mismo a los Gobiernos de los Estados signatarios y de los adherentes. 

  https://www.youtube.com/watch?v=JWdZnepU-RE